El juicio oral penal en CDMX: etapas y derechos del acusado

La reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal transformó radicalmente la forma en que se procesan los delitos en México, sustituyendo el antiguo sistema inquisitivo mixto, basado en expedientes escritos y procesos largos y opacos, por un sistema acusatorio adversarial fundamentado en la oralidad, la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación. En la Ciudad de México, la implementación plena del sistema penal acusatorio entró en vigor en 2015, y desde entonces los Tribunales de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México son los encargados de conducir los juicios orales. El Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, es el ordenamiento que rige el procedimiento penal en todo el país, unificando las reglas procesales que antes variaban de estado a estado. Comprender las etapas del juicio oral, los derechos que asisten al acusado en cada fase y la dinámica de las audiencias es fundamental para quien enfrenta un proceso penal en la capital, pues el conocimiento del procedimiento permite tomar decisiones informadas y colaborar eficazmente con la defensa técnica.

El sistema acusatorio adversarial: principios fundamentales

El sistema penal acusatorio que opera en la Ciudad de México se rige por principios constitucionales que definen su naturaleza y lo diferencian del sistema inquisitivo que le precedió. Estos principios no son meras formalidades; tienen consecuencias prácticas directas en la forma en que se desarrolla el proceso y en los derechos de las partes.

El principio de oralidad establece que las audiencias se desarrollan de manera verbal, permitiendo que el juez escuche directamente los argumentos de las partes, los testimonios de los testigos y las conclusiones de los peritos. Los registros escritos son meramente complementarios y no sustituyen la comunicación oral. Este principio garantiza que la información fluya de manera directa entre las partes y el juzgador, eliminando la intermediación de actuarios y secretarios que caracterizaba al sistema anterior.

El principio de publicidad significa que las audiencias del juicio oral son abiertas al público, permitiendo que cualquier persona asista a presenciarlas. Existen excepciones limitadas, como cuando se trata de víctimas menores de edad o cuando la publicidad pueda afectar la seguridad de algún participante, pero la regla general es la apertura total. Este principio permite el escrutinio ciudadano sobre la actuación de jueces, fiscales y defensores.

El principio de contradicción garantiza que ambas partes, acusación y defensa, tengan la oportunidad de presentar sus argumentos, ofrecer pruebas, interrogar y contrainterrogar testigos, y controvertir la evidencia presentada por la contraparte. Ninguna prueba se valora sin que la parte contraria haya tenido la oportunidad de cuestionarla.

El principio de inmediación exige que el juez que dicta la sentencia sea el mismo que presenció directamente el desahogo de las pruebas y escuchó los argumentos de las partes. El juez no puede delegar esta función ni basar su decisión en actuaciones que no haya presenciado personalmente. Este principio asegura que la decisión judicial se fundamente en la percepción directa de la evidencia.

El principio de concentración busca que las audiencias del juicio oral se desarrollen en sesiones consecutivas y próximas entre sí, evitando las dilaciones que caracterizaban al sistema anterior. La continuidad complementa este principio al establecer que las audiencias no deben interrumpirse innecesariamente. Un abogado especializado en derecho penal domina estos principios y los utiliza estratégicamente en beneficio de su cliente.

Etapa de investigación: el inicio del proceso penal

La etapa de investigación es la primera fase del procedimiento penal acusatorio y se divide en dos momentos claramente diferenciados: la investigación inicial y la investigación complementaria. Esta etapa es conducida por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el control judicial del juez de control.

La investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia o querella y se extiende hasta que el imputado es puesto a disposición del juez de control para la formulación de imputación. Durante esta fase, el Ministerio Público recopila los datos de prueba necesarios para determinar si existen elementos suficientes para ejercer la acción penal. Realiza diligencias de investigación como entrevistas a testigos, inspecciones del lugar de los hechos, recolección de evidencia física, peritajes y cualquier otra actuación que permita esclarecer los hechos.

El imputado tiene derechos fundamentales desde esta etapa. El artículo 20, apartado B, de la Constitución reconoce, entre otros, el derecho a ser informado de los hechos que se le imputan, el derecho a guardar silencio sin que esto sea utilizado en su contra, el derecho a una defensa adecuada por abogado, el derecho a que se le reciban los datos de prueba que ofrezca, y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Es crucial ejercer estos derechos desde el primer contacto con las autoridades.

La investigación complementaria se desarrolla después de que el juez de control ha dictado el auto de vinculación a proceso. En esta fase, tanto el Ministerio Público como la defensa continúan reuniendo elementos probatorios. El plazo para la investigación complementaria es fijado por el juez de control y no puede exceder de dos meses si el delito tiene pena máxima que no exceda de dos años de prisión, ni de seis meses si la pena excede ese término. Estos plazos pueden ser prorrogados bajo condiciones específicas.

Durante la investigación complementaria, la defensa puede solicitar al Ministerio Público la realización de diligencias específicas, y si este se niega, puede acudir ante el juez de control para que ordene su práctica. Este derecho es fundamental para construir una defensa sólida y equilibrar la posición del imputado frente al aparato investigador del Estado.

Etapa intermedia: la preparación del juicio oral

La etapa intermedia es el puente entre la investigación y el juicio oral propiamente dicho. Su propósito principal es depurar los hechos controvertidos, delimitar las pruebas que serán desahogadas en juicio y resolver las cuestiones procedimentales que deben quedar definidas antes de que inicie la audiencia de juicio.

Esta etapa comienza con el escrito de acusación del Ministerio Público, que es el documento formal en el que el fiscal expone los hechos imputados, la clasificación jurídica del delito, los datos de prueba que sustentarán la acusación en juicio, el daño causado y la pena solicitada. El escrito de acusación debe ser notificado al acusado y su defensa con antelación suficiente para preparar su estrategia de defensa.

Una vez notificado el escrito de acusación, la defensa tiene un plazo para presentar su escrito de contestación, en el que puede señalar vicios formales de la acusación, ofrecer pruebas que desahogará en juicio, solicitar la exclusión de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, y en general preparar su posición para la audiencia intermedia.

La audiencia intermedia es el acto procesal central de esta etapa. Se celebra ante el juez de control, quien resuelve sobre la admisión o exclusión de pruebas, los acuerdos probatorios entre las partes, las excepciones planteadas por la defensa, y la apertura a juicio oral. Las decisiones que el juez tome en esta audiencia son determinantes para el resultado del juicio, pues definen qué pruebas podrán ser valoradas por el tribunal de enjuiciamiento.

La exclusión de pruebas es una de las herramientas más poderosas de la defensa en la etapa intermedia. El artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que serán excluidas las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, las que provengan de actuaciones declaradas nulas, las impertinentes o las que tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Un abogado penalista competente aprovecha esta oportunidad para debilitar el caso de la acusación antes de llegar a juicio.

Al concluir la audiencia intermedia, el juez de control emite el auto de apertura a juicio oral, que contiene la acusación admitida, las pruebas que serán desahogadas, los hechos que las partes aceptan como probados mediante acuerdos probatorios, y la identificación del tribunal de enjuiciamiento que conocerá del juicio. La asesoría de un abogado experimentado en esta etapa puede influir decisivamente en el resultado final.

La audiencia de juicio oral: estructura y desarrollo

La audiencia de juicio oral es la etapa culminante del proceso penal acusatorio. Se celebra ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que en la Ciudad de México puede ser un tribunal unitario compuesto por un solo juez, o un tribunal colegiado compuesto por tres jueces, dependiendo de la gravedad del delito. Los delitos con pena máxima superior a los límites establecidos por la ley requieren tribunal colegiado.

La audiencia de juicio oral sigue una estructura rigurosa que se desarrolla en fases sucesivas. La primera fase consiste en los alegatos de apertura, donde cada parte presenta al tribunal una síntesis de su teoría del caso, es decir, su versión de los hechos y la forma en que las pruebas los acreditarán. El Ministerio Público expone primero, seguido por la defensa. Los alegatos de apertura no constituyen prueba, sino una hoja de ruta para que el tribunal comprenda el contexto en que se desarrollará la actividad probatoria.

La segunda fase es el desahogo de pruebas, que constituye el núcleo del juicio oral. Las pruebas se desahogan en el orden propuesto por cada parte, comenzando con las pruebas del Ministerio Público. Los testigos y peritos declaran oralmente ante el tribunal y son sometidos a interrogatorio directo por la parte que los ofreció y a contrainterrogatorio por la parte contraria. La prueba documental y material se introduce a través de los testigos que puedan autenticarla.

Las reglas de interrogatorio y contrainterrogatorio están estrictamente reguladas. El interrogatorio directo permite realizar preguntas abiertas al testigo propio para que narre los hechos. El contrainterrogatorio se limita a los temas abordados en el interrogatorio directo y permite formular preguntas sugestivas, es decir, preguntas que sugieren la respuesta. Las partes pueden formular objeciones cuando la contraparte realiza preguntas prohibidas, como preguntas capciosas, ambiguas, que asuman hechos no probados o que constituyan argumentación.

La tercera fase son los alegatos de clausura, donde cada parte resume la evidencia presentada, argumenta por qué las pruebas sustentan o no la acusación, y solicita al tribunal un veredicto específico. Los alegatos de clausura son la última oportunidad de las partes para persuadir al tribunal antes de la deliberación.

Derechos del acusado durante el juicio oral

El acusado goza de un catálogo amplio de derechos durante el juicio oral, reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos derechos son irrenunciables y su violación puede dar lugar a la nulidad de actuaciones.

La presunción de inocencia es el derecho rector del proceso penal. El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución establece que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Esto implica que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público, que el acusado no está obligado a demostrar su inocencia, y que en caso de duda razonable el tribunal debe absolver.

El derecho a la defensa adecuada garantiza que el acusado cuente con un abogado defensor que lo represente durante todo el juicio. Si el acusado no tiene recursos para contratar un abogado privado, el Estado le asignará un defensor público de manera gratuita. La defensa adecuada implica no solo la presencia física del abogado en las audiencias, sino una representación técnica efectiva que incluya la preparación del caso, la formulación de objeciones pertinentes, el contrainterrogatorio eficaz de testigos y la presentación de alegatos fundamentados.

El derecho a declarar o guardar silencio permite al acusado decidir si desea rendir su declaración ante el tribunal o abstenerse de hacerlo. Si decide guardar silencio, esta decisión no puede ser utilizada en su contra ni generar presunción alguna de culpabilidad. Si decide declarar, su declaración se rige por las mismas reglas que aplican a cualquier testimonio.

El derecho a la traducción e interpretación asegura que los acusados que no hablen o comprendan el idioma español tengan acceso a un intérprete que les permita comprender el desarrollo del juicio y comunicarse efectivamente con su defensor. Este derecho se extiende a las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas.

Derecho del acusado	Fundamento legal	Consecuencia de su violación
Presunción de inocencia	Art. 20, B, fracción I, Constitución	Nulidad de la sentencia
Defensa adecuada	Art. 20, B, fracción VIII, Constitución	Reposición del procedimiento
Declarar o guardar silencio	Art. 20, B, fracción II, Constitución	Exclusión de la declaración
Traducción e interpretación	Art. 20, B, fracción III, Constitución	Reposición del procedimiento
Conocer las pruebas en su contra	Art. 20, B, fracción IV, Constitución	Exclusión de pruebas
Ser juzgado en audiencia pública	Art. 20, B, fracción V, Constitución	Nulidad del juicio
Ofrecer pruebas y testigos	Art. 20, B, fracción IV, Constitución	Reposición del procedimiento

Las pruebas en el juicio oral: reglas fundamentales

El régimen probatorio del juicio oral penal en la Ciudad de México se rige por principios que garantizan la confiabilidad y la legalidad de la evidencia que el tribunal puede considerar para emitir su fallo. Comprender estas reglas es esencial tanto para el acusado como para su defensa.

El principio de libertad probatoria establece que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio de prueba lícito. No existe una jerarquía preestablecida entre los medios de prueba; el tribunal valora cada uno según las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Este sistema de libre valoración de la prueba sustituye al antiguo sistema de prueba tasada donde la ley predeterminaba el valor de cada tipo de evidencia.

La prueba testimonial es probablemente el medio de prueba más utilizado en los juicios orales. Los testigos declaran oralmente ante el tribunal sobre los hechos que percibieron directamente. Las reglas de interrogatorio son estrictas: durante el interrogatorio directo no se permiten preguntas sugestivas ni capciosas; durante el contrainterrogatorio se permiten preguntas sugestivas pero no pueden abordar temas que no se hayan tocado en el interrogatorio directo.

La prueba pericial consiste en las opiniones de expertos en diversas disciplinas, como medicina forense, criminalística, psicología, contabilidad, informática y otras ciencias. Los peritos deben acreditar su experiencia y conocimientos ante el tribunal y su dictamen está sujeto a contrainterrogatorio por la parte contraria. La defensa puede presentar sus propios peritos para controvertir los dictámenes de la acusación.

La prueba documental y material incluye documentos, fotografías, videos, grabaciones de audio, objetos físicos y cualquier otro elemento tangible que sea relevante para acreditar los hechos. Estos elementos deben ser introducidos al juicio a través de un testigo que pueda autenticarlos, es decir, que pueda declarar sobre su origen, cadena de custodia e integridad.

La prueba ilícita es aquella obtenida con violación de derechos fundamentales. El artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los datos de prueba o la prueba obtenidos con violación de derechos fundamentales serán nulos y no podrán ser valorados por el tribunal. Esta regla de exclusión protege al acusado contra abusos de la autoridad investigadora y constituye uno de los pilares del debido proceso. Consulte la guía sobre amparo penal en CDMX para conocer cómo impugnar la admisión de pruebas ilícitas.

La sentencia: deliberación y fallo del tribunal

Concluida la fase de alegatos de clausura, el tribunal de enjuiciamiento procede a deliberar sobre el caso. La deliberación es un acto privado en el que los jueces analizan la totalidad de la evidencia presentada en juicio, evalúan la credibilidad de los testimonios, la confiabilidad de los peritajes y la pertinencia de la prueba documental y material.

El estándar probatorio para una sentencia condenatoria es la certeza más allá de toda duda razonable. Esto significa que la acusación debe haber acreditado cada uno de los elementos del delito con un grado de convicción que no deje espacio para dudas fundadas en la razón. Si el tribunal tiene una duda razonable sobre la responsabilidad del acusado, está obligado a emitir una sentencia absolutoria. Este estándar es el más alto del sistema jurídico y refleja la gravedad de las consecuencias de una condena penal.

La sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. La sentencia absolutoria reconoce la inocencia del acusado y ordena su inmediata libertad si se encuentra privado de ella, así como la devolución de las garantías económicas y la cancelación de cualquier medida cautelar. La sentencia condenatoria declara la responsabilidad penal del acusado y, en una audiencia separada llamada audiencia de individualización de sanciones, se determinan las penas aplicables.

La audiencia de individualización de sanciones se celebra después de la sentencia condenatoria y tiene como propósito determinar las penas concretas que se impondrán al sentenciado. En esta audiencia se consideran las circunstancias del hecho delictivo, la personalidad del sentenciado, sus antecedentes, su grado de culpabilidad, y la reparación del daño a la víctima. Tanto la acusación como la defensa presentan argumentos sobre la pena que consideran justa, y el tribunal resuelve conforme a los parámetros establecidos en el Código Penal para la Ciudad de México.

Es importante señalar que la sentencia debe estar debidamente fundada y motivada, explicando las razones por las cuales el tribunal valora o desestima cada prueba y cómo llega a su conclusión. Una sentencia deficientemente motivada puede ser impugnada mediante los recursos de apelación penal o mediante el juicio de amparo.

Comparación con el antiguo sistema penal escrito

Para quienes vivieron procesos penales bajo el sistema inquisitivo mixto que operó en la Ciudad de México hasta 2015, las diferencias con el sistema acusatorio actual son sustanciales. Esta comparación permite apreciar los avances y los retos del modelo vigente.

En el sistema inquisitivo, el proceso penal se desarrollaba fundamentalmente por escrito. Las actuaciones se documentaban en un expediente voluminoso que el juez leía para tomar su decisión. El juez frecuentemente no tenía contacto directo con las partes ni con los testigos, pues las declaraciones se tomaban ante el secretario del juzgado. Las audiencias eran breves y formales, sin debate real entre las partes.

En el sistema acusatorio, el proceso se desarrolla oralmente en audiencias públicas donde el juez presencia directamente el desahogo de pruebas y escucha los argumentos de las partes. La decisión se basa en lo que el juez percibe en la audiencia, no en la lectura de un expediente. Este cambio garantiza la inmediación y permite una valoración más confiable de la evidencia.

Aspecto	Sistema inquisitivo (anterior)	Sistema acusatorio (actual)
Forma del proceso	Predominantemente escrito	Predominantemente oral
Papel del juez	Lector de expedientes	Receptor directo de pruebas
Publicidad	Limitada	Audiencias abiertas al público
Contradicción	Formal y escrita	Real y oral
Presunción de inocencia	Declarativa	Operativa y efectiva
Duración promedio	Prolongada (años)	Más ágil (meses a un año)
Papel de la víctima	Limitado	Participación activa
Valoración de pruebas	Prueba tasada	Libre valoración

El sistema acusatorio también ha introducido mecanismos que no existían en el sistema anterior, como los mecanismos alternativos de solución de controversias (mediación, conciliación, juntas restaurativas), las soluciones alternas (acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso) y las formas de terminación anticipada (procedimiento abreviado). Estos mecanismos permiten resolver los conflictos penales de manera más eficiente y con menor costo humano y económico.

Tiempos y plazos del proceso penal en CDMX

Uno de los aspectos más relevantes para quien enfrenta un proceso penal es conocer los tiempos estimados que tomará cada etapa. Si bien los plazos pueden variar según la complejidad del caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece marcos temporales que deben observarse.

Desde la detención hasta la audiencia de control de detención, el plazo máximo es de 48 horas, prorrogable a 96 horas tratándose de delincuencia organizada. Si el imputado no es puesto a disposición del juez de control dentro de este plazo, la detención es ilegal y el juez debe ordenar su libertad inmediata.

Para la formulación de imputación y vinculación a proceso, una vez que el Ministerio Público presenta al imputado ante el juez de control, la audiencia de formulación de imputación se celebra de inmediato. Después de la formulación, el juez pregunta al imputado si desea que se resuelva la vinculación a proceso de inmediato o si solicita la ampliación del plazo constitucional de 72 horas, prorrogable a 144 horas.

La investigación complementaria tiene un plazo máximo de dos meses para delitos con pena que no exceda de dos años de prisión, y de seis meses para los demás delitos. Estos plazos pueden prorrogarse bajo ciertas condiciones.

La etapa intermedia debe celebrarse dentro de los plazos procesales establecidos para el desahogo de los escritos de acusación y contestación, y la audiencia intermedia se fija generalmente dentro de los 30 a 45 días siguientes a la conclusión de la investigación complementaria.

El juicio oral debe celebrarse en sesiones consecutivas y concentradas. La ley establece que entre cada sesión no debe transcurrir más de diez días naturales, y que la deliberación del tribunal no debe exceder de 24 horas para emitir el fallo. El plazo total del juicio oral puede variar desde unos pocos días para casos sencillos hasta varias semanas para asuntos complejos con múltiples testigos y peritos.

Para una evaluación del tiempo estimado de su caso y la preparación de una estrategia adecuada, puede solicitar una asesoría inicial con un especialista.

Mecanismos alternativos y formas de terminación anticipada

No todos los procesos penales llegan al juicio oral. El sistema penal acusatorio ofrece mecanismos que permiten resolver el conflicto penal de manera anticipada, muchas veces con resultados más favorables para el imputado que un juicio completo.

Los acuerdos reparatorios son pactos entre la víctima y el imputado para reparar el daño causado por el delito. Proceden en delitos que se persiguen por querella, en delitos culposos y en delitos patrimoniales sin violencia. Si el acuerdo se cumple, la acción penal se extingue. Este mecanismo es supervisado por el juez de control, quien verifica que la víctima participe de manera libre y voluntaria.

La suspensión condicional del proceso permite que el juez suspenda el procedimiento penal cuando el imputado acepta los hechos y se compromete a cumplir determinadas condiciones durante un periodo de prueba. Procede en delitos cuya pena media aritmética no exceda de cinco años y cuando el imputado no tiene condenas previas por delito doloso. Las condiciones pueden incluir reparar el daño, someterse a tratamiento, realizar servicio comunitario, y abstenerse de consumir sustancias.

El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada en la que el imputado renuncia al juicio oral, acepta ser sentenciado con base en los datos de prueba de la investigación, y admite su responsabilidad en los hechos. A cambio, el Ministerio Público solicita una pena reducida. El juez de control verifica que la decisión del imputado sea libre, voluntaria e informada, y que existan medios de convicción suficientes para corroborar la acusación.

La decisión entre buscar un mecanismo alternativo o ir a juicio oral es una de las más trascendentes del proceso penal y debe tomarse con la asesoría de un abogado penalista experimentado que evalúe las probabilidades de éxito en cada escenario. La libertad bajo caución también puede influir en esta decisión, ya que un imputado libre tiene mejores condiciones para preparar su defensa.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura un juicio oral penal en la Ciudad de México?

La duración varía según la complejidad del caso. Un juicio oral sencillo, con pocos testigos y pruebas limitadas, puede resolverse en dos o tres sesiones distribuidas en una semana. Los casos complejos con múltiples acusados, decenas de testigos y abundante prueba pericial pueden extenderse por varias semanas. El Código Nacional de Procedimientos Penales exige que las sesiones sean consecutivas y que no transcurran más de diez días entre cada una para preservar la continuidad del proceso.

¿Puedo asistir como público a un juicio oral penal?

Sí. El principio de publicidad establece que las audiencias de juicio oral son abiertas al público general. Cualquier persona puede ingresar a las salas de audiencias de los Tribunales de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para presenciar los juicios, siempre que respete las reglas de orden y disciplina de la sala. Existen excepciones cuando el tribunal decreta la restricción de publicidad, por ejemplo, cuando la víctima es menor de edad.

¿Qué pasa si no me presento a una audiencia del juicio oral?

La incomparecencia del acusado a la audiencia de juicio oral tiene consecuencias graves. El tribunal puede ordenar su reaprehensión y se perderán las garantías económicas que hubieren sido exhibidas como medida cautelar. Además, el proceso se suspenderá hasta que el acusado sea localizado. Si la inasistencia se debe a una causa justificada, como enfermedad grave debidamente acreditada, la defensa debe comunicarlo al tribunal antes de la audiencia para solicitar su diferimiento.

¿Puedo cambiar de abogado durante el juicio oral?

Sí. El derecho a la defensa adecuada incluye el derecho a designar libremente al abogado defensor y a cambiarlo en cualquier momento del proceso, incluso durante el juicio oral. Sin embargo, un cambio de abogado durante el juicio puede generar retrasos y afectar la estrategia de defensa. Si el nuevo abogado necesita tiempo para familiarizarse con el caso, puede solicitar al tribunal un receso razonable. Puede solicitar una asesoría inicial para obtener una segunda opinión sobre su defensa actual.

¿Qué diferencia hay entre juez de control y tribunal de enjuiciamiento?

El juez de control es el encargado de supervisar las etapas de investigación e intermedia del proceso penal. Resuelve sobre la legalidad de la detención, la formulación de imputación, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y la admisión de pruebas. El tribunal de enjuiciamiento es el órgano que conoce del juicio oral propiamente dicho; está compuesto por uno o tres jueces según la gravedad del delito, y es el que desahoga las pruebas, escucha los alegatos y dicta la sentencia. Esta separación de funciones garantiza la imparcialidad del juzgador que dicta el fallo.

¿Se puede grabar o transmitir una audiencia de juicio oral?

Las reglas sobre grabación y transmisión de audiencias son establecidas por cada tribunal. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México realiza grabaciones oficiales de las audiencias como parte del registro del proceso. La transmisión por medios de comunicación o la grabación por parte del público puede estar sujeta a restricciones que el tribunal establezca en cada caso, particularmente cuando existan razones de seguridad o protección de datos personales de las víctimas.

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